El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, tildó hoy de "criminal" a Roberto Micheletti, nuevo gobernante nombrado por el Congreso, lo calificó de "gorila" y aseguró que el designado mandatario deberá "pagar" su traición., en la víspera de una reunión que buscará solucionar el conflicto en ese país con la mediación del mandatario de Costa Rica, Óscar Arias.

La semana que viene va a ser decisiva para el presidente Obama. En efecto, será la semana que separe el periodo de las promesas, y luego del entusiasmo y la toma de posesión, de un periodo mucho más complejo en el que va a tener que lidiar con la realidad. A primera vista, todo va bien: gracias al masivo plan de reactivación, a las medidas de regulación y a la conversión de Estados Unidos a la protección del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento climático, se puede considerar que quienes pusieron su confianza en Obama tienen motivos para sentirse satisfechos. Por si fuera poco, en los últimos días se han producido también dos acontecimientos destacados: el comienzo de la retirada de Irak y la elección en Minnesota del sexagésimo senador demócrata, con lo que privan automáticamente a los republicanos de la minoría de bloqueo de la que aún disponían en la Cámara alta.

Un nuevo perfil para docentes y estudiantes destaca el proyecto de Ley de Educación Superior. Ahora, uno de los requisitos para ser docente será contar con un título de cuarto nivel de doctorado. Con la ley vigente se establecía solo un título universitario o politécnico.

Se estima que en el país existen 1.500 PhD (doctor of Philosophy) de los cuales  327 trabajan como docentes en las universidades públicas y cofinanciadas. De las privadas aún no hay cifras porque aún no concluye el registro.

En entrevista para Ecuavisa, Mera indicó que el tema no causa mucha preocupación en lo legal, pero es necesario que en lo político se adopte una decisión. Añadió que los Jefes de Estado gozan de inmunidad por ello no pueden ser objeto de un juicio en otro país.

Estos abogados presentaron el lunes ante la Fiscalía de Colombia una demanda contra Correa por los presuntos nexos de su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y anunciaron que pedirán que sea denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".

Las universidades y escuelas politécnicas del país se encuentran inconformes con la iniciativa gubernamental y de la denominada Comisión de Legislación y Fiscalización, respecto a expedir la nueva Ley de Educación Superior. En tal sentido, el Mandatario se ha referido últimamente sobre la necesidad de que las universidades y politécnicas tengan un mayor monitoreo y control respecto a lo que gastan, siendo fondos del Estado en el caso de los centros de educación superior públicos, y además vigilar que no se creen carreras y especialidades al capricho de cada universidad, o peor, por intereses particulares de dotación de cátedras a determinados docentes.

El nivel de aceptación que ha mantenido el presidente Rafael Correa en los dos años y medio que lleva en el poder cayó en los últimos meses.

Encuestadoras afines al régimen o criticadas por este revelan la baja en su popularidad.

Los datos de Santiago Pérez, con los que trabaja el Gobierno, indican que solo en junio perdió 8% en su calificación favorable; la caída es mayor: 10%, si se compara con la aceptación que tenía antes de las elecciones del 26 de abril, cuando ganó en una sola vuelta la reelección.

Al cumplirse un año de mi renuncia a la presidencia de la Asamblea Constituyente me pregunto
cuánto hemos avanzado en el proceso constituyente. Seguramente esta pregunta se habrán hecho,
con frecuencia, muchas personas en el país.
Renuncié, en última instancia, porque me quedé sin apoyo de la cúpula del movimiento Acuerdo
País debido a mi intención de extender por un par de semanas el trabajo de la Asamblea
Constituyente. Es cierto que con esta decisión habríamos violentado el mandato popular en cuanto
al plazo establecido para la Constituyente. Pero el apuro en aprobar los textos constitucionales,
sacrificando el debate democrático, me parecía inaceptable.