La Conaie paró al país por varios desacuerdos con el Gobierno nacional, destacándose aquel por el proyecto de Ley de Aguas.El proyecto, como explica Enrique Ayala, no es privatizador como dice la Conaie, pero sí “centralista y no considera  la participación de la gente, en este caso de quienes han venido no solo usando el agua sino construyendo locales propios”.

En la disputa entre Presidente y Conaie se inserta intempestivamente un tercero, la flamante Nobel de Economía, Elinor Ostrom, galardonada por su análisis precisamente sobre esta materia. Su obra principal es ‘La gobernanza del bien público: la evolución de instituciones para la acción colectiva’. ¿Qué bien más público que el agua? ¿Qué mejor institución para la acción colectiva que las comunidades indígenas?

La Nobel estudió la propiedad del agua en países en desarrollo: no son el Estado ni la empresa privada los mejores administradores: lo son las diversas asociaciones voluntarias y colectivas que desarrollan reglas equitativas y eficientes para el uso del bien
público.

En la Sierra rural, el agua es escasa y el acceso a la misma vital para las comunidades. Tienen toda la razón para defender su derecho a que ningún organismo centralizado interfiera con su acceso al agua.

Las decisiones deben quedar al nivel más bajo de organización política al que se pueda actuar con eficiencia. Eso desemboca en una mayor participación del ciudadano común en las decisiones que le incumben directamente. Es ahí donde cabe la democracia participativa, la cual tanto invoca el Gobierno.

En las grandes ciudades, las decisiones deben asimismo ser locales. Quito tiene una muy eficiente empresa municipal de agua, airosa en el desafío de dotar de agua a una metrópoli en acelerada expansión y sin adecuadas fuentes de agua en su entorno. El Gobierno central no debe interferir. Cuenca unifica los servicios públicos en Etapa, que se desempeña admirablemente de manera simultánea en tres áreas complejas: agua, luz y teléfonos. Los azuayos combatieron cuando se le quiso quitar sus atribuciones de telefonía.

En Guayaquil no falta agua: está en la desembocadura del mayor sistema fluvial de la Costa del Pacífico de América Latina. Pero décadas de gobiernos incompetentes mientras crecía explosivamente la dejaron con más de 2 millones de habitantes y sin un adecuado sistema de potabilización y distribución. La ciudad optó por transformar a la empresa municipal en fiscalizadora y concesionar el servicio a quien pudiera ir extendiéndolo a los barrios alejados. El Gobierno debe respetar esa opción.

El principio de la Ley de Aguas debe ser que cada comunidad organice el servicio como considere que mejor se acopla a su realidad. No a la centralización.

El comercio.com